Reportaje
AgriPV, se dificulta la planifica - ción territorial, se compromete la protección del suelo agrícola y se desalientan inversiones que podrían impulsar el vínculo entre producción de alimentos y generación de energía. Con miras a lograr avances concre- tos en la materia, Frederik Schön- berger, de Fraunhofer, plantea la necesidad de trabajar en la estandari- zación de diseños y uso de componen- tes comerciales que permitan reducir costos de inversión y acelerar su adopción. Asimismo, considera clave que exista una validación del valor agregado de estos sistemas, como la eficiencia en el uso del agua mediante la reducción de la evapotranspiración, con un potencial de bajar la demanda de riego en un 30%. “Esto puede jugar un rol relevante en zonas que se enfrentan a escasez hídrica, junto con la protección climática frente a heladas, lluvias intensas o radiación excesiva y sustitución de estructuras convencionales de protección con estructuras solares”.
Sin una definición legal que distinga a los proyectos AgroPV se desalientan inversiones que podrían impulsar el vínculo entre producción de alimentos y generación de energía.
En su experiencia, la ausencia de espacios académicos y técnicos, ha llevado a que gran parte del aprendi- zaje provenga de la praxis. “La oferta formativa es prácticamente nula: no existen cursos, diplomados o capaci- taciones específicas sobre AgroPV en Colombia. Por tanto, aunque el interés está creciendo, sigue haciéndose todo a partir de iniciativas privadas y con- sultoría ad hoc. Aun así, representa una gran oportunidad para transfor- mar el campo desde una visión más integrada, resiliente y sostenible”.
Y es que, más allá de su elevado costo de implementación, quizás el mayor obstáculo que enfrenta la agrovoltaica en América Latina es el bajo nivel de conocimiento técnico y normativo que existe en torno a esta tecnología. Aún se la confunde con sistemas fotovoltaicos convencionales instalados sobre suelo agrícola, lo que genera ambigüedades tanto en su evaluación como en su regulación. Esta falta de claridad tiene impli- cancias concretas: sin una definición legal que distinga a los proyectos
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